La crisis política que padece España, tan perspicaz y bien descrita por Tom Burns Marañón en su reciente libro Entre el ruido y la furia, se manifiesta principalmente por el fracaso de los principales partidos políticos –que el autor denomina dinásticos– que en las ultimas elecciones sumaron los peores resultados electorales de la historia y sobre todo por las encuestas de opinión de los españoles sobre sus más significativas instituciones, que revelan una pésima y sistemática mala opinión sobre los partidos políticos.

El fracaso de los grandes partidos plantea un grave problema de gobernabilidad del Estado y la negativa valoración de los ciudadanos de la política un preocupante desapego social por nuestro sistema democrático. En estas circunstancias los planteamientos de reforma constitucional, de la que se habla mucho más que se concreta por los partidos políticos que hay que reformar, carecen de sentido por la imposibilidad de alcanzar acuerdos en un parlamento mas fragmentado y extremista –incluso antisistema– que nunca.

Frente a las circunstancias descritas hay tres posibilidades: ignorarlas, afrontarlas para cambiar el sistema o aplicar recetas fragmentarias –siguiendo la metodología popperiana de hacer cambios poco a poco– para ir resolviendo uno a uno, sin prisa pero sin pausa, los principales problemas con un orden lógico y de abajo a arriba.

Dando por sentado que ni la ignorancia de los problemas ni su solución mágica sirven para nada, nos queda la reforma del sistema abordada paso a paso. Lo primero y más esencial que hay que abordar es el sistema electoral porque afronta y puede resolver al mismo tiempo los dos grandes problemas antes señalados: la gobernación del Estado y la legitimación social de nuestra democracia. Con luz y taquígrafos e interesando pedagógicamente a los ciudadanos en el proceso de reforma no sería difícil avanzar en poco tiempo en la buena dirección.

Desde la sociedad civil podemos y debemos instar a los partidos políticos a colocar en primera línea de su agenda la necesidad de un nuevo sistema electoral que encauce nuestro sistema democrático por una senda de legitimación social y utilidad pública que reconcilien a los ciudadanos con su sistema democrático.

Para saber a qué atenerse en la reforma y apuntar hacia la mejor solución posible entre las ensayadas con éxito hay que comenzar por señalar los principales problemas concretos que hay que afrontar.

¿Quién puede estar en desacuerdo con un sistema electoral que garantice la estabilidad de los gobiernos, elimine las prebendas a los partidos nacionalistas, atraiga a la política a los mejores, acerque a los ciudadanos a sus representantes políticos y en el que todos los votos tengan el mismo valor?

Los sistemas electorales mayoritarios basados en circunscripciones electorales unipersonales a doble vuelta cumplen todos los anteriores requisitos. Es el sistema electoral perfecto para Giovanni Sartori –uno de los grandes especialistas en esta materia recientemente fallecido– ya que “en la primera vuelta es proporcional y en la segunda hay que elegir al candidato que sea la segunda preferencia o el que menos desagrade”.  La premisa del sistema electoral perfecto para Sartori es que deben estar prohibidas las coaliciones

Sin embargo, cuando se procede de sistemas proporcionales –aún corregidos, como en España– el cambio a un sistema puramente mayoritario puede resultar problemático. Es por ello que países como Francia y Alemania cambiaron sus sistemas por otros que podríamos denominar mayoritarios corregidos: en Francia con la segunda vuelta y en Alemania con un reparto nacional que reequilibra los resultados mayoritarios. En Italia, sin embargo, todavía no han dado con la fórmula y así les va de mal.

Si en el competitivo mundo empresarial la adopción de las buenas –las mejores– prácticas es un lugar común del quehacer profesional no hay razón alguna para no hacer lo mismo en el ámbito político.

Entre expertos en la materia el ecléctico sistema alemán parece ser la mejor base de partida para la reforma del sistema español. La mitad de los escaños del parlamento alemán se consiguen mediante circunscripciones unipersonales en las que participan candidatos de los partidos políticos elegidos democráticamente y en secreto y también cualquier ciudadano que recoja al menos 2.000 firmas, ganando el más votado. El resto de los escaños parlamentarios se reparte en proporción a la suma de votos –a nivel nacional–  a las listas cerradas –como en España ahora– de los partidos después de eliminar los votos inservibles de los partidos que no hayan superado el 5% del total.

Las ventajas del sistema alemán son evidentes: los escaños elegidos por el sistema mayoritario están representados por candidatos que necesariamente deben ser reconocidos y apreciados personalmente por los votantes y no tanto por los aparatos de los partidos, lo que acerca la política a la calle y la aleja de los jefes y aparatos partidistas. La lista única a nivel nacional elegida por el sistema proporcional permite a los partidos penalizados por el sistema mayoritario que la suma de sus “derrotas” termine configurando un porcentaje de escaños que puede resultar bastante significativo y justamente proporcional a los votos conseguidos. Por último, la exigencia de alcanzar al menos un 5% de votos a nivel nacional para disfrutar de representación parlamentaria elimina la negativa y muy sobrevalorada influencia de los partidos nacionalistas en España.

Vista la reciente deriva política hacia la inestabilidad del sistema electoral alemán, su adopción en España debiera, además de establecer una segunda vuelta en las circunscripciones donde el candidato más votado no supere el 50% de los votos, corregir su actual equilibrio entre representación mayoritaria y proporcional por una relación de dos tercios para la primera en relación con la segunda, para así garantizar la estabilidad política. Un bien consustancial con la buena marcha de la economía, del empleo y por tanto de la prosperidad y de la libertad de elegir de los ciudadanos.

Un sistema electoral suficientemente mayoritario, pero con una proporcionalidad que compense a las minorías perdedoras en las circunscripciones unipersonales, además de acercar los políticos a sus votantes auspiciando que los mejores se puedan dedicar a la política y proporcionar estabilidad y solidez a los gobiernos sirve para algo más en la España de nuestro tiempo: puede ser un antídoto contra la corrupción.

La corrupción en España está estrechamente relacionada con los partidos políticos y su potencial capacidad de “despachar negocios” a través de los mostradores de su “red de distribución”: sus sedes, que sirven para intercambiar favores clientelares en cualquier rincón de la geografía española.

Con el nuevo sistema electoral las sedes de los partidos deberían desaparecer junto con su financiación pública y a cambio existiría en cada circunscripción –unas trescientas – una oficina financiada por el Estado en la que cada diputado despacharía con los ciudadanos –le hayan votado o no– los asuntos de interés de estos. El maestro Gaspar Ariño, miembro del Foro de la Sociedad Civil, en su obra Regenerar la democracia, reconstruir el Estado, ofrece una amplia lección que refuerza, enriquece y matiza cuanto se acaba de escribir.

Puesto que la reforma del sistema electoral para elegir el gobierno de la nación, aún siendo prioritaria, contiene una notable complejidad al exigir cambios en nuestra Constitución, se podría comenzar con otra previa que sería mas fácil de implementar y serviría para señalar el buen camino: la elección de los alcaldes. ¿Quién puede oponerse a que los alcaldes sean elegidos por mayoría –superior al 50% de los votantes- en primera vuelta o en una segunda elección entre los dos más votados?

El actual sistema electoral español que precedió a la actual constitución y ha servido para llegar hasta hoy, necesita ser reformado y “constitucionalizado” para abrir nuevas y mejores vías de legitimación a nuestra democracia. Es cuestión de ponerse manos a la obra y cuanto antes mejor.

twitter_icon_box