Desde la II Guerra Mundial los Estados occidentales -también el oriental Japón- han venido aumentando su dimensión, expresada en gasto público, hasta extremos tan exagerados que resultan imposibles de financiar. Si Suecia lideró entre los años 60 y 80 del pasado siglo dicho el crecimiento hasta desencadenar una gravísima crisis, España le sucedió como campeón occidental del gasto público al haberlo duplicado -como tanto por ciento del PIB- en las últimas cuatro décadas con un endeudamiento mayormente exterior, que lo agrava, equivalente a la dimensión de nuestra renta nacional. Para evitar la crisis financiera del Estado es perentorio: que la economía siga creciendo, que las administraciones públicas dejen de hacer lo que el sector privado puede hacer mejor, recortar subsidios y subvenciones que benefician a pocos y pagan muchos, y mantener un nivel de prestaciones sociales financiables sin deuda y para quienes verdaderamente las necesiten.

Pero el crecimiento de la dimensión del Estado no es sólo económico, también es regulatorio: no se conforma con gravar impositivamente las rentas de los ciudadanos y sus quehaceres económicos y endeudar irresponsablemente a las futuras generaciones sin haberles pedido -ni conseguido, claro- su permiso, sino que además produce sin cesar normativas para regular (en realidad obstaculizar) la vida económica y por tanto perjudicar la creación de riqueza.

En crecimiento del peso económico del Estado y proliferación normativa somos líderes entre los países ricos, lo que debiera preocuparnos por dos importantes razones: una de índole moral, ya que afecta muy severamente a quienes sin beneficiarse de él (las nuevas generaciones) tendrán que sufragarlo en el futuro; y otra de alcance económico, porque el país que antes nos precedió en la experiencia (Suecia) se precipitó al abismo, del que recientemente ha salido tras una década perdida en rectificar todos sus excesos.

Resulta sin embargo paradójico que sobrándonos tanto Estado, estemos tan ayunos de su presencia en ámbitos cruciales para nuestra dignidad histórica nacional y en la gestión de recursos esenciales que es lo que justifica su existencia.

La práctica desaparición del Estado en la regiones llamadas históricas -como si hubiera una sola en España que no lo fuera- no puede seguir un día más, sobre todo después de la probada deslealtad de sus gobiernos con la nación española. ¿Cómo es posible que el legítimo y legal uso de nuestra lengua nacional sea motivo de discriminación sin que el Estado haga acto de presencia para erradicarla por completo? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo la educación un consentido instrumento totalitario de propaganda en contra de las más evidentes verdades históricas? ¿Vamos a terminar convirtiendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo en un «reino de taifas» absurdamente incomunicados entre si en la Era de la Información? ¿Qué sentido tiene financiar con recursos públicos de todos los españoles -como si nos sobraran- todo tipo de actividades secesionistas? Se podrían elegir muchos otros escenarios que demandan una urgente y decisiva presencia de un Estado que no para de crecer y estorbar dónde menos hace falta y que sin embargo está ausente de donde debiera estar, pero con los que se acaban de señalar ya tiene urgentes tareas legitimadoras de su función: -El Estado debe recuperar su perdida presencia en las regiones históricamente desleales, velando por el riguroso cumplimiento de todas las normas que se han venido desobedeciendo mientras garantiza que el uso nuestro idioma oficial no implica discriminación alguna.

  • La educación debe dejar de ser patrimonio de los políticos secesionistas para estar bajo control del Estado, tanto en los contenidos de carácter histórico como en los programas, profesorado, exigencias y titulaciones.
  • Los sistemas de información y de gestión de las autónomías en materia de salud deben estar integrados y debidamente coordinados por el Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles en asistencia sanitaria.
  • El Estado debe cuidar que ni un solo recurso público se aplique directa o indirectamente a actividades (organizaciones y medios de comunicación públicos y privados) secesionistas, que de existir deben financiarse por los interesados.

No se trata, por tanto, de dar marcha atrás en el sistema autonómico y sus ventajas descentralizadoras, sino de corregir sus desmesuras mientras se recupera el protagonismo del Estado en las funciones que le son más propias.

¿No resulta paradójico que el Estado que más ha crecido en Occidente en las últimas décadas sea el que mas deberes por hacer se ha venido dejando por el camino? Es la hora de un Estado de dimensión financiable -sin contar con las generaciones futuras que no pueden votar- mucho mas eficiente en la administración de sus recursos y sobre todo responsable de conducir sin complejos la nave histórica de la nación con la cabeza tan alta como las grandes naciones de la historia.

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