España ha recuperado la senda del crecimiento, y lo que es más importante, de la creación de empleo tras la grave crisis que comenzara en 2008 con una inaudita solvencia y volcada cada vez más al exterior. La solidez a largo plazo de nuestro crecimiento se vería muy reforzada, si los sectores tecnológicos -no los que consumen tecnologías ajenas, sino los que las desarrollan, fabrican y exportan- tuvieran un despliegue mucho mayor del que tienen ahora. España es el 5º país del mundo por disponibilidad de «ingenieros cualificados» -muy por encima de los grandes países europeos- y el 10º productor mundial de artículos científicos, según el IEE. Disfrutamos de otras ventajas adicionales que sumadas a las anteriores podrían apalancar un esperanzador futuro industrial.

La industria es generadora de efectos positivos por doquier: crea puestos de trabajo más cualificados, estables y por tanto remunerados que los demás sectores económicos. Produce bienes comercializables -sometidos a la competencia internacional- que solo pueden tener éxito en los mercados siendo competitivos. Posibilita exportaciones que generan financiación de las importaciones. La demanda mundial, incluso en épocas de crisis, es siempre una puerta abierta a la expansión industrial.

Es de sentido común que si tuviésemos más empresas industriales y si el tamaño de las mismas fuese mayor que el actual la cantidad de empleo, su calidad y remuneración mejorarían en una proporción equivalente. Por tanto, una mayor industrialización de España es fundamental para mejorar nuestra productividad y responder positivamente a la generalizada y justa demanda de la sociedad española: más empleo y de mayor calidad.

¿Qué impide en España un mayor despliegue de su industria? Nuestra política industrial está más orientada a la defensa y subvención de lo viejo que a apalancar lo nuevo. Los intereses creados del pasado prevalecen políticamente frente a todo lo nuevo, pequeño, disperso y alejado de «la política». Los gobiernos se conforman con gastar en subvenciones públicas a la I+D sin que ninguno haya tenido nunca la intención de medir ni su aplicación ni su tasa de retorno; es decir, gastan por gastar, aunque parezca increíble.

Casi sin excepción, todas las regulaciones: administrativas, fiscales, financieras y laborales operan contra lo nuevo, mientras apalancan el estatus quo; que es lo menos competitivo que existe. Además, restringen el crecimiento de la dimensión empresarial.

Nuestras compras públicas sólo excepcionalmente se interesan por las innovaciones tecnológicas españolas: los políticos se sienten más atraídos por el glamour extranjero; un atavismo todavía insólitamente vigente. La escasas, discontinuas, descoordinadas y muy poco potentes acciones de atracción de inversiones industriales extranjeras operan a bajo nivel administrativo -nunca forman parte de la agenda de la presidencia del Gobierno-y suelen carecer de experiencia para identificarlas y valorarlas seriamente a largo plazo.

Increíblemente, el Bienvenido Míster Marshall del genial Berlanga, sigue reproduciéndose en la España de nuestros días. Es sintomática la afición de los políticos españoles a «retratarse» con cualquier multinacional -sobre todo si tiene pedigrí tecnológico- sin reparar en su contribución real a la riqueza en España. La gran industria española, a diferencia de la de los grandes países industriales, muy rara y excepcionalmente se interesa por la innovación tecnológica nacional; y la política industrial nunca ha prestado atención a dicha falta de complicidad, que tan bien explica el éxito de los países mas innovadores, productivos y competitivos.

Además de rectificar los descritos desatinos, habría que considerar las recomendaciones de política económica formuladas por Dani Rodrik en su «One Economics Many Recipes»:

1. Los incentivos deben ser dirigidos sólo a nuevas actividades, para diversificar la economía y generar nuevas áreas de ventajas competitivas.

2.Deben establecerse criterios claros de evaluación –de alcance internacional- de los éxitos y los fallos.

3. Deben existir cláusulas automáticas de caducidad de los incentivos al cabo del tiempo.

4. El soporte público debe orientarse a actividades, no a sectores.

5. Las actividades subvencionadas deben tener un claro potencial de suministrar economías externas y efectos demostración.

6. Las instituciones públicas respon-sables de estas políticas deben tener suficiente capacitación profesional.

7. Debe existir una supervisión que evite la captura de las instituciones por los intereses privados.

8. La comunicación de las instituciones, no obstante su autonomía y aislamiento, con el sector privado debe ser franca y frecuente.

9. Deben vigilarse los errores, no para evitarlos, sino para minimizar su coste.

10. Las actividades necesitan renovarse por sí mismas, para que el nuevo ciclo de descubrimientos entre en juego. Es evidente que la política industrial española está alejada de estos mandamientos, mientras que los partidos políticos –todos, sin excepción– deben creer que la creación de empleo de calidad es algo que sucede casualmente; no es un fenómeno causado por una acertada política económica; y así nos va.

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