El último número de la revista The Economist ocupaba su portada con una sensacionalista y siniestra foto -que parece de estudio- según la cual los catalanes no pueden hablar porque -es de suponer, como luego veremos- viven en una región tibetana carente de libertades. Los titulares también son sintomáticos: en portada, «Stand off. How to save Spain», y en el interior, «Outrage in Catalonia. The government mishandles Catalan defiance».

Venía gozando la revista, fundada en 1843, de una bien ganada fama de seriedad y rigor en sus análisis de los acontecimientos mundiales, lo que cada vez se mezclaba más con tratamientos vulgares y superficiales de muchos temas que los lectores podíamos excusar con el refrán «quien mucho abarca poco coge». Lo que no suponíamos era el abandono, del que fue un faro del buen periodismo, de tales preceptos deontológicos para adentrarse en el mas vulgar sensacionalismo al servicio de la vieja leyenda negra que tan ridículo crédito sigue teniendo, por lo que se ve, entre el público británico. De este modo, The Economist se pronuncia abiertamente a favor de las tesis secesionistas catalanas -como veremos a continuación-, cuyos promotores hay que reconocer que han hecho muy bien su trabajo propagandístico; justamente lo contrario del Gobierno de la nación.

Comienza así el editorial de la revista: «Cuando una democracia envía policías de disturbios a golpear con porras las cabezas de ancianas e impedirles votar, algo ha acabado malamente equivocado. Los catalanes dicen que casi novecientas personas fueron lastimadas por la Policía en el referéndum por la independencia (… ) La reacción de Rajoy ha metido a España en su peor crisis constitucional desde 1981».

Más adelante señala que: «Rajoy ha fallado bloqueando a los nacionalistas con la Justicia y también con el resorte de la fuerza. La agresión contra una muchedumbre pacífica de ciudadanos puede valer para el Tíbet, pero no puede sostenerse en una democracia occidental. Rajoy debería resistirse a la tentación de arrestar a los líderes catalanes y evitar la suspensión de la autonomía. Solo la negociación puede restaurar la calma, en la que debe ofrecerse una mayor autonomía, disponer de mayores ingresos fiscales, mayor protección a la lengua catalana y su reconocimiento como nación». En un gráfico, la revista exhibe los resultados del seudorreferéndum, recogidos literalmente de la Generalitat, como si el proceso hubiese sido regular y no una ridícula performance en la que votó el 100,88 por ciento de los electores.

Es lamentable que la propaganda política de la Generalitat haya llegado tan lejos, hasta confundirse con los movimientos totalitarios que dramáticamente sufriera la Europa de los años treinta del pasado siglo y aún más que haya alcanzado -sin reparar en la verdad- tanto éxito mediático, como demuestra que «The Economist» se haya convertido en adalid del secesionismo. Pero más lamentable es aún la pasividad del Gobierno de la nación, que no contradice -y medios tiene para ello- la propaganda internacional del Gobierno catalán; deja simplemente que discurra sin más. Y así nos va.

The Economist, por dignidad de la profesión periodística, debe demostrar qué viejas y hasta novecientas personas fueron apaleadas para impedirles votar. Debe explicar cómo es que la -hasta ahora tenue- defensa de la ley y orden constitucional de Rajoy es la culpable de la peor crisis institucional y no los sedicentes responsables del incumplimiento de las leyes. También retirar de inmediato la infame comparación de España con el Tíbet, como si en cualquier país europeo no se hubieran reprimido mucho mas severamente que en España manifestaciones contra el orden establecido; incluido el Reino Unido.

The Economist llega a perder el juicio por completo cuando acusa a Rajoy de arrestar a los líderes catalanes; le trata como un tirano tercermundista que hace y deshace a su antojo. ¿No saben en la revista que España es un Estado de Derecho con leyes perfectamente homologables con el mundo más civilizado y que disponemos de un sistema judicial tan independiente y riguroso, a tales efectos, como en cualquier otro país europeo, y que el presidente de Gobierno no puede detener a nadie? Además, la revista ignora por completo todas las sólidas y contundentes declaraciones de los líderes políticos occidentales que están apoyando sin excepción al Gobierno español. ¿No debe el buen periodismo contrastar las noticias y ofrecer opiniones fundadas y controvertidas de las mismas? Es penoso constatar cómo la revista ha ignorado por completo ambos preceptos para someterse, sin más, a la propaganda secesionista sin citar como «remitida» la información publicada.

Con el tono paternalista que le caracteriza, la revista nos dice lo que tenemos que hacer, después de demostrar la más absoluta ignorancia del fondo de la cuestión: darle más dinero a Cataluña -¿cuánto?-, proteger la lengua catalana -no la española, que es la que lo necesita- y declararla nación.

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