Muchos españoles comparten la idea de que la Justicia es probablemente la institución del Estado de Derecho de cuyo buen funcionamiento más depende la percepción de normalidad, e igualmente comparten el convencimiento de que en nuestro país dicho funcionamiento no siempre está a la altura de las deseables expectativas.

Incluso en estos momentos en los que la dignidad del Estado está siendo defendida en gran medida por la Justicia y sus representantes, muchos ciudadanos que no estamos precisamente entre los anti-sistema pensamos que es tiempo de realizar algunos ajustes.

  1. La Justicia tiene que ser un poder político independiente en sus altas esferas, y no lo es porque está sometido a los partidos políticos. La politización escala con la jerarquía del poder judicial.
  2. Es extremadamente lenta, con lo que en demasiados casos casos deja de cumplir su función con eficacia. No somos un caso aislado, según The Economist, pero deberíamos mejorar mucho.
  3. Los políticos gozan de un aforamiento que cuestiona un principio esencial de la convivencia social: que la ley sea igual para todos.
  4. Los indultos del Gobierno cuestionan la administración de la Justicia y resultan excesivos y arbitrarios.
  5. La figura de la acción popular desvirtúa el funcionamiento de la justicia pues se utiliza mayormente de manera abusiva con fines inconfesables.
  6. Las “puertas giratorias” que llevan y traen a los jueces a/de la política deslegitiman la función de éstos.
  7. El populismo ha invadido la función judicial, para acercarla al “pueblo” y alejarla de las leyes; como vehículo hacia el estrellato mediático. Ello sucede esencialmente en la Audiencia Nacional.
  8. Las filtraciones a los medios de comunicación de los expedientes judiciales cuestiona la honradez de la judicatura (quizás también de la policía).
  9. Las planificadas transmisiones en directo por TV de muchas detenciones –cual “sambenitos” de la sociedad de la información- envilecen el funcionamiento de nuestro sistema de justica y seguridad.

Solucionar tales desajustes, es no solamente posible sino que además se puede hacer sin coste presupuestario y sin complejidad como veremos a continuación.

Para conseguir la independencia de la justicia basta con hacer dos cosas: suspender la ley orgánica del poder judicial de 1985 regresando así al espíritu constitucional y reglamentar la carrea judicial con criterios profesionales siguiendo el ejemplar modelo de nuestras fuerzas armadas. Alemania, EE.UU., Gran Bretaña o los países escandinavos –entre otros- carecen de Consejo del Poder Judicial y por tanto están exentos del riesgo de su falta de independencia; por otra parte cabría rescatar el mecanismo del sorteo para elegir ciertos cargos públicos.

Para acelerar los procesos judiciales también es suficiente con realizar dos simples reformas: desviar muchos de los casos que ocupan innecesariamente a la justicia a otras instancias administrativas como la jurisdicción voluntaria, y establecer criterios profesionales –como en cualquier oficio o empresa– a la duración de los procesos que no pueden quedar al arbitrio exclusivo de cada juez. . La discontinuidad que sufren muchos procesos judiciales debida a cambios de destino de los jueces sería inconcebible en cualquier carrera profesional. ¿Porqué la judicatura vive un mundo tan aparte de las demás carreras y actividades profesionales?

Ningún ciudadano debe ser juzgado con criterios distintos a los de cualquier político: lo que excluye la existencia del aforamiento, que debe ser simplemente abolido con la única excepción de la jefatura del Estado y quizás del Gobierno.

Los indultos deben quedar excluidos para los delitos de corrupción, estar severamente tasados y limitados amén de resueltos con publicidad suficiente.

La acción popular también debe ser abolida; eso sí, al mismo tiempo que se despolitiza la justicia para ser coherentes.

Una justicia despolitizada haría girar menos puertas con la política, pero en todo caso la dedicación a cargos políticos por parte de la judicatura no debería poder tener vuelta atrás.

Cualquier juez que se remita a la opinión pública para ejercitar su función debe ser apartado de ella; pues no tiene otra función que cumplir y hacer cumplir la ley. La justicia democrática, simplemente no es justicia. Los jueces deben hablar solo y exclusivamente a través de sus sentencias.

Por mera dignidad institucional deberían perseguirse las filtraciones a los medios de expedientes judiciales y castigar ejemplarmente a los culpables. Con pocos casos que se resolvieran bastaría para detener la vergonzosa hemorragia que padecemos todos los días: se trata de corruptos que, paradójicamente, difunden casos de corrupción.

Para comenzar a resolver la vergonzosa transmisión mediática de las detenciones se pueden hacer de inmediato dos cosas: no llevarlas a cabo con tal publicidad –suspendiéndolas o retrasándolas– y perseguir el origen de “la noticia”. El Estado no pueda aceptar sin más no investigar con seriedad este tipo de desmanes.

Mejorar la Justicia es posible y no hace falta recurrir a ninguna revolución. ¿Por qué si lo dicho hasta aquí puede ser ampliamente compartido por la sociedad civil y llevado a cabo sin costes ni complejidades no forma parte, salvo muy parcialmente, de la agenda de los partidos políticos ¡incluidos los nuevos!?

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