La innovación tecnológica, ahora tan de moda incluso política, es un fenómeno cuyo reconocimiento es contemporáneo. De hecho, apenas sí ha formado parte de la teoría y el análisis económico a lo largo de la historia, a pesar de tener un origen tan antiguo como la humanidad. Pese a la extraña ausencia -–con la brillante excepción de Joseph A. Shumpeter–- del fenómeno tecnológico en la literatura económica clásica y neoclásica, desde mediados del siglo XX, gracias a premios Nobel como Robert Solow y Douglas North, historiadores como Nathan Rosemberg, David S. Landes y Joel Mokyr, y economistas como Charles I. Jones y Paul Romer, la innovación tecnológica forma parte –-en realidad, es el argumento central–- del desarrollo económico. Ello es especialmente cierto a partir de 1957, cuando Robert Solow demostró empíricamente que siete octavas partes del crecimiento económico de EEUU estaban sustentadas por el cambio tecnológico.

Aunque el crecimiento económico no está sólo relacionado con la tecnología, pues muchas otras innovaciones no estrictamente tecnológicas -–la inversión, la expansión comercial y los efectos escala-– están positivamente relacionadas con aquél, es cada vez más incuestionable su función apalancadora. Llegados a este punto debemos sentirnos satisfechos en España con la asunción política del fenómeno innovador, hasta el punto de que todos los partidos políticos se confiesan devotos de él. Sin embargo, a la hora de la verdad también todos ellos se conforman con medir el gasto público en I+D mientras se oponen, paradójicamente, a su aplicación real tanto por omisión como por acción.

El hecho, probado, de que la I+D impulse el crecimiento económico es cierto si los resultados investigadores se trasladan al quehacer económico. ¿De qué sirve gastar dinero público en investigaciones académicas que como mucho se convierten en artículos científicos, apenas algunas en patentes y casi ninguna en innovaciones tecnológicas explotadas empresarialmente? No basta, por tanto, con gastar dinero público en I+D si dicho gasto no genera innovación empresarial. Los sucesivos gobiernos españoles han venido gastando más o menos en I+D, según el ciclo presupuestario, pero omitiendo siempre cualquier medición de sus resultados. Pero además de no responsabilizarse de los resultados de la aplicación de recursos públicos a la I+D, las Administraciones Públicas –sin excepción– ponen todas las trabas posibles a las innovaciones empresariales asociadas o no a la I+D.

Schumpeter descubrió hace casi un siglo que la entrada en el mercado de las innovaciones empresariales apalanca el desarrollo económico, a pesar de que ello implique la destrucción de actividades de empresas establecidas previamente. Tal proceso, que denominó ‘destrucción creativa’, ha terminado –felizmente– por popularizarse intelectual e incluso políticamente, pero su grado de asunción social y política es muy variable.

Para entender las resistencias políticas y sociales a los cambios tecnológicos es muy útil recurrir a Thomas Khun, quien en su Estructura de las revoluciones científicas (1962) sostiene que cada vez que emerge un nuevo paradigma surgen de inmediato protectores a ultranza del viejo en defensa de sus intereses creados: “La sociedad se divide en campos o partidos enfrentados, uno de los cuales trata de defender el cuadro de instituciones antiguas, mientras que los otros se esfuerzan en establecer otras nuevas”. Pero las naciones progresan gracias a los nuevos paradigmas que se abren paso sustituyendo a lo viejos.

Viene al caso la digresión anterior para poner de manifiesto una de las mayores contradicciones de la economía española: mientras nuestros políticos ensalzan e incluso dotan presupuestariamente la innovación tecnológica sin reparar en sus resultados prácticos, no cesan de poner obstáculos a su implantación posterior en los mercados.

 

Trabas 

Entre las trabas administrativas a la innovación empresarial en España cabe señalar: •

Protección de los viejos sectores económicos frente a los nuevos, mediante normas tan anacrónicas como: convenios colectivos sectoriales, prohibición de entrada en mercados regulados, trabas a la nueva economía colaborativa, etc.

• La fragmentación de nuestro propio mercado en diecisiete autonomías que limitan el éxito innovador al empequeñecer artificialmente su dimensión.

  • • Fiscalidad antiempresarial: para crear una empresa hay que pagar una multa llamada Impuesto de actividades económicas, someterse a incomprensibles y costosas normas laborales y de seguridad social y solicitar permisos de todo tipo con elevados costes y plazos. A lo que hay que añadir unos impuestos al ahorro y los salarios, incluidos los costes de la Seguridad Social, de los mas altos del mundo.
  • • La Justicia actúa con tanta demora y a veces incomprensión de los fenómenos empresariales que mejor no tropezarse con ella, porque suele hacer descarrilar muchas empresas.
  • • Si poner en marcha una empresa es muy complicado ‘gracias’ a las Administraciones Públicas, cerrarla es casi imposible; cuando en los procesos innovadores es más frecuente el fracaso que el éxito.
  • • Si una nueva empresa tiene éxito su crecimiento se verá constreñido por obstáculos administrativos, laborales y fiscales que explican el escaso número de empresas medianas en España.
  • • Una buena parte de las subvenciones a la innovación se otorgan con criterios administrativos ajenos a la realidad empresarial y, en algunos casos, con finalidad política clientelar.
  • • Cuando las nuevas empresas venden a las grandes y a las Administraciones Públicas se encuentran con un sistema de pagos vergonzoso; pagan tarde y mal, de manera que se convierten en sus financiadores.

Se podrían añadir aún mas obstáculos a la innovación en España, pero con los señalados tienen trabajo suficiente los políticos como para dedicarse a eliminarlos antes de hablar sobre ella para, incongruentemente, decir una cosa y hacer la contraria.

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