El mundo globalizado es un escenario de confrontaciones en materia competitiva. Nadie puede negar el efecto perturbador que supone para una economía que ha alcanzado un determinado nivel salarial la llegada masiva de productos manufacturados en base a salarios mucho más bajos. Tampoco cabe ignorar los efectos de la prestación de servicios desde países con estos bajos niveles salariales, o por inmigrantes dispuestos a hacerlo por mucha menos remuneración.

Muchas de estas situaciones se intentan paliar mediante subvenciones.

Por otra parte, los Estados tratan de mejorar la competitividad a largo plazo de sus empresas con políticas activas dirigidas a incentivar determinadas actividades, como la I+D+i y las exportaciones cuyo desarrollo en libre competencia internacional entraña serias dificultades.

Y esto da origen a otras subvenciones.

Y luego están aquellas que se dirigen a sectores con gran capacidad de movilización social o influencia política para vivir del Estado.

Temporalmente se puede aceptar que existan las subvenciones para permitir ajustes sectoriales a la competencia, para iniciar actividades de futuro, o para proteger bienes de interés general.

Sin embargo cuando las situaciones de defectos competitivos se eternizan e institucionalizan y cuando las ayudas se convierten en elementos destinados no al bien del país sino más bien al clientelismo político y la atención a los colectivos con mayor capacidad de provocar disturbios, entonces hay que replantear necesariamente toda la cuestión.

Y si la cuantía de esas subvenciones afecta a un déficit público que hay que reducir de forma importante, más razón para ese replanteamiento.

En España, las subvenciones públicas abundan –una enfermedad– por doquier en el Estado, autonomías y hasta ayuntamientos, y han venido poniendo de acuerdo a todos los partidos políticos no sólo en cuanto a su existencia, sino en su proliferación y crecimiento presupuestario, amén de en los oscuros e inconfesables criterios con los que se aplican. En lo único que discrepan es en la clientela de allegados a quienes benefician.

Con el enorme déficit fiscal y endeudamiento público que nos afligen y que pesará –ya lo está haciendo– como una injustísima losa sobre la prosperidad de las nuevas generaciones, es realmente obsceno que ningún partido político plantee un recorte severo –si no su drástica eliminación– de la mayoría de subvenciones existentes.

La revisión de las subvenciones debería afectar a todas, incluidas las únicas que pueden tener cierta razón de ser, como es el caso de las aplicadas a la innovación y la exportación.

La reconsideración de las subvenciones podría partir con una clasificación inicial: las eliminables, las sustituibles y las remanentes. Las primeras deberían tipificarse a su vez en cuatro categorías en función de la urgencia de su eliminación: inmediata, a corto, a medio y largo plazo. Las sustituibles serían aquellas que una vez eliminadas podrían resultar compensadas –al gusto de la sociedad civil, en vez de los políticos– con mecenazgo privado debidamente bien tratado fiscalmente. Las remanentes –apenas las dedicadas a la innovación y a la exportación– deberían aplicarse con criterios objetivos, simples, transparentes y alejados por completo de la discrecionalidad –de cualquier tipo– de políticos y funcionarios.

Las subvenciones incluyen también la discriminada aplicación de los impuestos indirectos, un hecho tan disparatado como poco tratado por los políticos ni los medios de comunicación. En España, desgraciadamente para nuestra competitividad, los impuestos perjudican –relativamente– la competitividad de la economía como en casi ningún otro país de la OCDE: los directos sobre la renta, el ahorro y la actividad empresarial –muy especialmente la creación de puestos de trabajo– son de los mas altos, mientras que los indirectos –el IVA– los más bajos. No es de extrañar el elevado desempleo que padecemos, tan facilitado como está por nuestra absurda fiscalidad.

Los países más ricos, competitivos y con menos desempleo –los escandinavos, en particular– tienen una estructura fiscal opuesta a la española; en ellos predominan los impuestos indirectos, mientras que los directos –sobre todo a las empresas y el ahorro– son menos abusivos que aquí. Curiosamente si se comparan los tipos impositivos, y en particular el IVA, no son tan diferentes; lo que nos significa es su aplicación. Mientras que en España abundan los sectores protegidos –por los políticos con sus clientelas– que pagan IVA reducidos, en los países de referencia escasean o no existen. Aquí nos hemos acostumbrado, merced a la “acción colectiva” que descubriera genialmente Mancur Olson* como un “pecado” de las democracias, a perdonar –con el dinero de todos– la fiscalidad de unos pocos, eso sí, amigos del gobierno de turno.

Consideración especial merece el mecenazgo privado que acabaría por completo con victimismos como el famoso del “cine español”. Si en vez de recibir subvenciones públicas el cine formara parte de una lista de actividades susceptibles de recibir recursos procedentes del mecenazgo privado fiscalmente incentivado no habría discusión posible sobre el resultado: la sociedad civil, no el gobierno de turno, decidiría a que aplicar –como la cruz de la Iglesia Católica en el IRPF– sus filantrópicas aportaciones.

Como un caso especial habría que considerar las becas en el sistema educativo: ¿porqué no se cambian y se aumentan –casi sin límite– a través del mecenazgo privado y generosos préstamos al honor de los estudiantes? De este modo podrían financiar sus estudios sin apelar a la caridad pública financiándose con ayudas privadas y créditos a devolver, sin otras garantías que el honor personal, al cabo de un largo tiempo después de acabar las carreras.

Por todo lo dicho y puesto que las subvenciones son:

  • Esencialmente injustificadas; ni moral ni económicamente,
  • Que benefician a unos pocos a costa de muchos,
  • Aplicadas clientelarmente con criterios partidarios,
  • Mayormente administradas sin transparencia,
  • Generadoras de corrupción,
  • Costosísimas,
  • Financiadas con deudas a pagar por las nuevas generaciones,
  • Orientadas, típicamente, a proteger lo obsoleto frente a lo nuevo; y por tanto a frenar el progreso económico y social

Debería ser una bandera de la sociedad civil española ponerlas en duda metódica aplicando en la esfera pública aquello que normalmente practica la gente a nivel privado: no gastar más de lo que ingresa y por tanto ahorrar.

El nivel de endeudamiento de nuestra economía es enorme y seguramente imposible de amortizar –con las graves consecuencias que ello implicaría– y ya está amenazado por nuevos aumentos derivados del creciente déficit de la pensiones. Siendo imprescindible revisar el gasto público, nada más razonable que comenzar por las subvenciones.

*En su libro The Logic of Collective Action (1965), descubrió como en las sociedades democráticas pequeños grupos que persiguen intereses específicos van aumentando en número y poder –el caso de los estibadores, ahora de moda, es ejemplar– en beneficio propio y en contra del interés general. La clave explicativa de su éxito consiste en que los lobbies se benefician mucho de sus logros –por ejemplo, protección de sus mercados, subvenciones, IVA reducido, etc– mientras que los intereses generales al ser mas difusos generan menos incentivos para defenderse de aquellos.

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