Una visión convencional de la salida de la crisis en la que anda sumergida España apelaría a cuestiones tales como: nuestro nivel de infraestructuras –despliegue y calidad -, la oferta de profesionales altamente cualificados –en cantidad, calidad y precio-, nuestra pertenencia a la UE, la mejora de nuestro nivel de productividad, el liderazgo internacional de nuestras grandes empresas y  un largo etcétera de potencialidades.

Siendo ciertas todas ellas, la cuestión esencial reside en ponerlas en juego, es decir: activarlas a favor del crecimiento económico y del empleo que tanto anhelamos. Para que ello pueda suceder es imprescindible contar con un marco institucional – reglas de juego- propicio al desarrollo de todas y cada una de nuestras potencialidades.

Además de contar con abrumadoras pruebas empíricas que respaldan las  nuevas doctrinas económicas, es de sentido común que toda ley, normativa o práctica consuetudinaria que ampare la función empresarial estarán favoreciendo el crecimiento económico, mientras las que lo obstaculizan –como ahora sucede- lo limitarán.

Puesto que nuestro país, además de padecer una crisis económica y financiera sin igual, sufre un creciente descrédito institucional, la reconstrucción de éste y su mejora constante debieran ser los objetivos centrales de la política, ya que constituyen una condición necesaria –aunque no suficiente- de la recuperación de nuestra economía.

 

Entre los cambios institucionales a tener en cuenta cabe señalar: el cumplimiento de los compromisos de déficit público –lo que exige afrontar la reducción de gastos e impuestos-, el saneamiento y consiguiente normalización del sistema financiero, la abolición de todos los obstáculos a la unidad de mercado, la liberalización de mercados y muy en particular el de trabajo, la  reducción de los plazos de pago junto con la extinción de la morosidad –sobre todo pública- , el pago a Hacienda del IVA cobrado, la seguridad jurídica derivada de la agilidad de la Justicia y el equilibrio de derechos y obligaciones entre  “administrados y  administraciones públicas”. Cabría añadir otros posibles cambios institucionales, pero con los citados –de llevarse a cabo- se habrían  dado pasos decisivos para favorecer la salida de la crisis.

En la medida de que España carece de autonomía financiera, la dependencia exterior nos terminará obligando a adoptar –si no lo hacemos antes nosotros- cambios aún más drásticos, que siendo también institucionales, carecerían del equilibrio y harmonía de los que podemos y debemos adoptar por cuenta propia.

Jesús Banegas Núñez

Presidente AMETIC

16 de octubre de 2012

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Revista EL SIGLO

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