Es impensable ningún futuro próspero y sostenible de la economía española que no esté sustentado en la innovación tecnológica y la exportación de alto valor añadido.

En una economía –felizmente- abierta y globalizada solo es posible competir con éxito si el capital tecnológico de las empresas equivale o mejora el de sus competidores y, además, se distingue de ellos con innovaciones valoradas monetariamente por los mercados. Este modo de competir contiene dos muy considerables características: exige trabajadores altamente cualificados y bien remunerados, y es sostenible a lo largo del tiempo, siempre que el modelo competitivo resulte positivamente realimentado. El corolario de más interés del razonamiento expuesto es que la renta per cápita –y no solo el PIB- puede así crecer monótona y consistentemente en el tiempo.

Por otra parte, no es posible sostener el crecimiento a largo plazo si la balanza comercial no resulta equilibrada, algo que –felizmente de nuevo- no cabe resolver coyunturalmente con devaluaciones de nuestra moneda; porque, afortunadamente, no es solo nuestra. Así que, puesto que carece de sentido estrangular las importaciones, no queda más remedio que aumentar las exportaciones; y muy particularmente las de alto contenido tecnológico.

Aunque España ha avanzado considerablemente en su stock tecnológico, en innovación e incluso en exportación de tecnologías avanzadas, estamos aún muy lejos del  nivel de los países con los que debemos competir. Y en estas estábamos cuando el Gobierno nos sorprende con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado – PGE – que vienen a cuestionar las columnas vertebrales de nuestro mejor futuro: la innovación y la exportación. Mientras tanto, incomprensiblemente y en paralelo, el Gobierno plantea un proyecto de ley de economía sostenible a todas luces incoherente y hasta incompatible con sus PGE, que además es  muy difícilmente entendible: en su intención, textualidad y oportunidad.

No cabe pensar en ningún proyecto de economía sostenible –que por cierto nadie se ha molestado en definir – que  no esté soportado por la tecnología y la innovación, cualquiera sea la definición de ésta por la que se opte. Tampoco es pensable una recuperación sostenida y sostenible de nuestra economía si las exportaciones –quintaesencia de su competitividad – no crecen y el déficit comercial -y su cada vez más difícil financiación- no se extingue. También en este ámbito los PGE están planteados contra corriente, al disminuir, en vez de aumentar los incentivos a la exportación e internacionalización de la empresa española.

En la anterior legislatura, el Gobierno –del mismo partido político y con el mismo presidente- se comprometió presupuestariamente con la innovación hasta extremos nunca acontecidos en el pasado, con el  positivo añadido de un crecimiento del gasto privado en  I+D+i que replicó el esfuerzo público y situó a España en una trayectoria –ahora interrumpida – que auguraba la convergencia a medio plazo con los países de referencia.

¿Qué sentido tiene seguir hablando desde el Gobierno de las virtudes de la innovación e incluso plantear una ley de economía sostenible y simultáneamente reducir radicalmente los presupuestos dedicados a tal fin? La estrechez presupuestaria no puede ser la excusa. Basta con recordar las palabras del Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que hace pocos meses sostenía: ”Este país –se supone que se refiere España- se gasta del orden de 7.500 millones de euros al año en facilitar la compra de vivienda a través de una deducción fiscal, frente a los 6.000 millones que destinamos a la I+D+i , y a futuro –es decir, ahora- nos parece que estas cifras deberían ser muy distintas y nos deberíamos gastar más recursos públicos en investigación y menos en fomentar la compra de vivienda. Eso es lo que yo entiendo por cambio de modelo en lo que afecta al sector público”. Justo el mundo al revés: gastamos mucho más en lo que sobra –viviendas- hasta provocar una crisis económica y financiera sin precedentes, que en lo que falta –innovación- que además de no provocar crisis alguna es la solución para sacarnos de ella.

¿Qué explicación tiene que se recorte severamente el presupuesto del ICEX –que tan bien viene actuando a favor de la exportación y la internacionalización de la empresa española- mientras ingentes cantidades de dinero se siguen empleando en cooperación internacional al margen de los legítimos intereses de la economía española?

En la difícil encrucijada en que hoy se encuentra España, los PGE representan una ocasión única para orientar el esfuerzo de la nación hacia un horizonte de esfuerzo y esperanzas ciertas de recuperación sostenida y sostenible de nuestra economía; justo el que representan la innovación y la exportación cuyo fomento no puede ni debe ser objeto de ahorro alguno, pues  ambos factores constituyen el fundamento del mejor porvenir posible.

Jesús Banegas Núñez

Presidente de AETIC

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Para EXPANSIÓN, 14 octubre 2009

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