Resumen

Para resolver favorablemente la actual crisis económica de España, es preceptivo regresar al crecimiento económico y del empleo. A diferencia del pasado, ello no será posible sobre la base del consumo e inversión internos; es obligado hacerlo hacia el exterior. Afortunadamente, el mercado mundial sigue crecimiento pero para acceder a él es necesario mejorar y extender la competitividad de nuestras empresas, lo que exige mejorar nuestra calidad institucional e impulsar la innovación.

Introducción

La crisis económica de España sólo podremos superarla actuando – con éxito – en tres frentes: el del gasto público, el del crédito bancario a las empresas y el del crecimiento sostenible de la economía y sobre todo, del empleo.

Por consabidos y suficientemente tratados, no entraré en los dos primeros capítulos; así que me centraré en el crecimiento, que sólo podrá manifestarse hacia el exterior.  La demanda interior de inversión y consumo no podrán apalancar al crecimiento futuro, así que o España se vuelca hacia los mercados internacionales o será imposible que se resuelva favorablemente la crisis económica.

Afortunadamente, el mundo sigue creciendo y son muchos – particularmente en Asia – los mercados que pueden demandar productos y servicios originados en España.

La exportación española apenas supera el 26 % de nuestro PIB frente a más de un 40 % de media en la UE. Sin llegar a ser a corto y medio plazo tan exportadores como Alemania, el objetivo de converger con la media europea debiera tener la máxima prioridad.

Adicionalmente existen muchas posibilidades de sustitución de importaciones sobre la base de una mejora posible de la competitividad de nuestras empresas.

La sustitución de las importaciones, la exportación y la internacionalización de nuestras empresas requieren un alto y creciente nivel de competitividad empresarial.

Llegados a este punto, resulta a todas luces evidente que el único futuro deseable y posible para España pasa necesariamente por un fuerte y sostenido impulso de la competitividad de nuestras empresas que mejore nuestra productividad y por tanto pueda acrecentar nuestra riqueza per cápita.

La productividad

La crisis económica y el desempleo están poniendo de moda – en estadística, el fenómeno más frecuente – la productividad, un asunto “de vida o muerte para las empresas” en una economía globalizada.

En términos agregados, la productividad es la principal fuente de la renta per cápita. El concepto productividad se refiere a la eficiencia de la producción de bienes y servicios mediante la relación de “lo producido” y los insumos utilizados para ello.

Aunque la literatura económica plantea diversas maneras de medir la productividad las conclusiones suelen ser convergentes.

Los factores internos que más impactan en la productividad son:

  • La calidad de los recursos humanos incluida la función del manager.
  • El nivel tecnológico de los equipamientos productivos.
  • La innovación de productos, servicios y procesos.

Los principales factores externos que afectan a la productividad son:

  • El mercado de factores: trabajo, capital, etc.
  • Los niveles de competencia y la calidad de su regulación.

Llama la atención que  la España de hoy se sitúe a la cabeza de la UE por desajustes entre los niveles de preparación de los trabajadores y las tareas desempeñadas. No es que nos sobren recursos humanos cualificados, sino actividades económicas en las `puedan utilizar ampliamente sus competencias profesionales.

Habiendo avanzado mucho en equipamientos tecnológicos, muchos sectores y empresas aún se encuentran infraequipados; y lo que es peor, los existentes  no acaban de utilizarse debidamente con fines productivos.

La innovación, aunque está cada vez más presente en la vida empresarial, sobre todo en sectores abiertos a la competencia internacional, todavía no está suficiente generalizada y sigue siendo nuestro talón de Aquiles.

Los  mercados de factores, especialmente el laboral, están inadecuadamente regulados; es preciso desregularlos y adaptarlos a una economía abierta y cambiante. La regulación de los mercados obedece más a prejuicios ideológicos -que conllevan a una excesiva fragmentación- que a un interés real por impulsar la competitividad de nuestra economía -siendo la escala un factor determinante de la misma-, con los mediocres resultados conocidos.

 

El tamaño empresarial

La competitividad empresarial y aún más la internacional, tiene una estrecha relación con la dimensión empresarial.

En igualdad de condiciones externas, es evidente que para disponer de un cierto nivel de capital tecnológico, promover la innovación y exportar e internacionalizarse es necesario disponer de una dimensión mínima.

Si se observa analíticamente  la PYME española, resulta que abundan las micro y pequeñas empresas pero escasean las medianas.

Para que las empresas puedan crecer es condición necesaria la ambición empresarial, pero también disponer de facilidades para ello.

En España proliferan los obstáculos al crecimiento del tamaño de las empresas:

  • Siendo fácil y poco costoso crearlas -en contra de ciertos falsos supuestos-  con la máxima seguridad jurídica, su puesta en marcha suele estar llena de obstáculos generados por  regulaciones administrativas.
  • El marco de relaciones laborales por su extrema rigidez hace muy difícil y a veces imposible adaptar las plantillas al comportamiento de los mercados.

Rectificar, es decir, hacer retroceder el tamaño empresarial es particularmente costoso, ingrato y en muchas ocasiones conlleva la disolución de la experiencia empresarial.

Puesto que la aventura empresarial no siempre – en realidad es una excepción – se salda con éxito y éste, cuando existe no dura permanentemente, el tamaño empresarial debe acoplarse a la realidad del mercado.

Aventurarse a crecer en España tiene costes y dificultades organizativas superiores a los países de nuestro entorno.

Las dificultades normativas – una auténtica selva sin parangón posible – y las rigideces laborales, frenan necesariamente la ambición empresarial y sin ella, una buena parte de las posibilidades de crecimiento del tamaño empresarial no llegan a desarrollarse.

La fiscalidad

La fiscalidad cobra una gran importancia para la competitividad empresarial. Comenzando por la estructura de los impuestos, resulta evidente que un sistema impositivo más volcado – relativamente – hacia los impuestos indirectos, IVA por ejemplo, que hacia los directos: el Impuesto de Sociedades, favorece doblemente la competitividad empresarial. El IVA opera como un impuesto a las importaciones haciendo más competitiva la oferta nacional, mientras que un impuesto sobre beneficios empresariales más bajos que el de nuestros competidores favorece también nuestra competitividad al liberar más recursos para la inversión privada .

Algunos países europeos, los escandinavos por ejemplo, practican esta virtuosa política fiscal, mientras que en España sucede lo contrario.

Otro aspecto fiscal de gran importancia es el coste de la Seguridad Social para las empresas, uno de los más altos de Europa. Se trata de un coste fijo que perjudica claramente la competitividad de los costes salariales. Es asombroso, pero absurdamente lógico, que el país con más paro de Europa tenga el impuesto más alto a la creación de empleo.

El impuesto sobre el ahorro, y más específicamente sobre las plusvalías ha crecido considerablemente en España; de este modo, el ahorro aplicado a la inversión empresarial en España se encuentra más penalizada que en otros países. Siendo que España presenta un crónico y grande déficit de ahorro, la fiscalidad actual no puede estar peor orientada.

Dado que los plazos de pagos y la morosidad imperantes en España son los peores de la UE, y la severa restricción de crédito a las empresas -derivada de la crisis financiera- hace sumamente precaria la financiación empresarial,  es un sin sentido que las empresas, sobre todo las PYMES, además de financiar gratuitamente a las grandes empresas y a las administraciones públicas, tengan que ingresar en Hacienda el IVA no cobrado.

El tipo del impuesto de sociedades  se sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno; otro sinsentido -un impuesto superior al de Alemania!-  si queremos expandir la actividad empresarial.

El tratamiento fiscal de los gastos e inversiones empresariales en I+D+i en España es poco competitivo para la atracción de grandes centros de competencia mundial en I+D. Es, de nuevo, un contrasentido que un país deficitario en I+D disponga de incentivos fiscales peores que los de los países con los que competimos, especialmente los más grandes y competitivos de Europa en los que los beneficios fiscales derivados de la I+D pueden utilizarse incluso en el caso de pérdidas, guardándolos para cuando existan beneficios, algo imposible en España.

La seguridad jurídica fiscal deja mucho que desear; España lidera el cambio legislativo fiscal, lo que hace muy difícil, casi imposible para la PYME, estar al día en el cumplimiento de las normas. Con frecuencia, particularmente en el caso de las desgravaciones en I+D, la inspección fiscal actúa contra la ley, creando una injustificada incertidumbre que penaliza las decisiones empresariales proclives a la innovación.

Además de todo lo dicho, existe un tratamiento injustificadamente  asimétrico entre el contribuyente y la administración tributaria, de suerte que las obligaciones para aquellos -empresas y personas físicas-  son absolutamente imperativas, mientras que las de la Administración no; dependen de la mera voluntad de los funcionarios y políticos sin que medie responsabilidad sobre sus actos.

Señalada la importancia de la productividad, el tamaño empresarial y la fiscalidad, ¿qué cabe hacer para que España innove y exporte más?

La respuesta cabe plantearla en tres dimensiones:

  • Instituciones
  • Tecnología
  • Innovación

Tiempos de calidad institucional

La pregunta: ¿por qué unos países crecen y son ricos y otros se estancan y son pobres? ha recibido diversas respuestas a lo largo de la historia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las teorías de crecimiento económico, carentes de bases empíricas, asociaban el desarrollo económico a los recursos naturales, la inversión y la población. A partir de los años 50 del pasado siglo, como consecuencia de la contabilización de la riqueza – gracias a las contabilidades nacionales basadas en las tablas input-output que comenzaron a funcionar primero en los E.UU. y después en Europa y el resto del mundo – fue posible plantear nuevas hipótesis acerca del crecimiento económico sobre bases empíricas. Así fue cómo Robert M. Solow – luego Premio Nobel – descubrió que la mayor parte del crecimiento económico provenía de la innovación en los tejidos productivos, teoría cuyo crédito no ha hecho sino crecer a lo largo del tiempo.

Una nueva rama de investigación económica ha venido a completar la “fórmula solowiana” al añadir un argumento nuevo que la mejora y redondea: la calidad institucional. Otro Premio Nobel, Douglass North, ha estudiado el cambio institucional poniendo de manifiesto su decisiva contribución  en el  proceso de crecimiento económico.

Así que podemos afirmar, sobre la base de un amplio consenso doctrinal, que el crecimiento económico necesita de dos factores: la innovación y las instituciones – sociales y de gobierno – que la posibilitan y empujan hacia adelante.

Desde la estrecha correlación – de base empírica – que existe entre el éxito económico y el buen gobierno – de las empresas y los países – una nueva moda se está imponiendo en estos tiempos de globalización económica: los rankings de calidad institucional. Cabe citar como más significativos: “Investment Climate Survey” y “Doing Business Indicators” del Banco Mundial, “Global Competitiveness Index” del World Economic Forum, “Index of Economic Freedom” de Heritage Foundation, “Country Risk Index” de Political Risk Service Group, etc.   Tales rankings tratan, con desigual fortuna, de clasificar a los países por sus buenas prácticas institucionales que abarcan desde la seguridad jurídica a la educación, pasando por las infraestructuras y un largo etcétera.

La pujanza de tales rankings es tal que cada vez más países – sobre todo los más pequeños – viven preocupados – algunos como Hong Kong, Singapur, Chile,… literalmente obsesionados por su clasificación- lo que no resulta vano. Muchas decisiones de crédito financiero e inversión directa dependen lisa y llanamente de la posición alcanzada en dichos rankings.

Por otra parte, la  crisis financiera y económica que actualmente nos envuelve está sirviendo para poner de manifiesto la importancia de las instituciones de gobierno de los países a la hora de generar confianza en los inversores internacionales. Siendo crucial en una economía de mercado gozar de la confianza y el aprecio de los mercados financieros, aún lo es más en España como país sobreendeudado que no puede vivir sin ellos.

Llegados a este punto, llama la atención la despreocupación española por algo tan importante como la reputación internacional, que no sólo afecta al “qué dicen y dirán” de nosotros, sino al “qué hacen y harán” con nuestro país los inversores y las instituciones internacionales y sus efectos sobre nuestro devenir económico.

Haríamos bien en España si se pusieran en marcha mecanismos, nada costosos y con retorno asegurado, para:

  1. Seguir de cerca los ranking de calidad institucional, valorando su influencia.
  2. Gestionar los desajustes existentes para adecuarlos a la realidad, que muchas veces es mejor que lo que reflejan.
  3. Analizar las malas calificaciones y formular medidas para tratar de mejorarlas.
  4. Observar las mejores prácticas de los países de referencia para,  eventualmente, adoptarlas.

El mercado mundial de las escuelas de negocios responde -con mucho éxito en el caso español- exactamente a este modelo de comportamiento.

Esta modesta propuesta, de llevarse a cabo, aportaría – sin apenas coste – dos grandes ventajas: de una parte mejoraría, necesariamente, nuestra reputación internacional – con todas las consecuencias positivas que ello implicaría – y además pondría en la agenda política nacional “la calidad institucional” como un factor de progreso que tanto falta nos hace.

En todo caso, sin afán exhaustivo, he aquí un pequeño conjunto de cambios institucionales que habría que abordar de inmediato para facilitar la competitividad de nuestras empresas:

  • La valoración social y política de la empresa y el empresario son muy importantes para su desarrollo. Es perentorio eliminar las abundantes referencias negativas en la “educación para la ciudadanía” a la empresa, el empresario y la economía de mercado, o simplemente eliminar por completo la asignatura.
  • La unidad de mercado es esencial para la competitividad económica. Es perentorio eliminar las trabas existentes y evitar otras nuevas, mediante las oportunas reformas institucionales.
  • La liberalización de los mercados todavía cerrados a la competencia es crucial para favorecer el crecimiento. Sería muy positivo para la libertad de mercado que las actuales comisiones de regulación de los mercados suspendieran sus perjudiciales intervenciones para dedicarse a perseguir todo tipo de obstaculaciones al acceso de los mercados.
  • La privatización de empresas públicas es obligatoria para disminuir los déficits públicos y garantizar el “fair play” en los mercados.
  • Facilitar, no tanto la creación que es muy fácil, sino la puesta en marcha de las empresas y aún más su cierre, dinamizaría extraordinariamente la economía. Habría que proceder a la eliminación progresiva de inútiles permisos y evitar los nuevos, haciendo equivaler el silencio administrativo a una respuesta positiva de las AA.PP.
  • El sistema de pagos en España – quizás el que padece mayores plazos y morosidad de nuestro entorno – perjudica a las PYME, y muy especialmente a las nuevas, cuya financiación es más débil. Erradicar las prácticas morosas de las AA.PP. y los aplazamientos de las grandes empresas, facilitaría enormemente la liquidez de las empresas y por tanto la actividad económica. Basta legislar y hacer cumplir las leyes, para normalizar la vergonzosa situación actual.
  • Hay que afrontar de inmediato una reforma a fondo de la legislación laboral, para rescatarla de su pasado corporativista y adaptarla a las mejores prácticas europeas. Tres medidas urgentes deberían anteponerse a una reforma más de fondo: 1ª, liberalización de la contratación temporal para generar empleo inmediato (hoy el 13 % en España por el 46 % en Holanda); 2ª, libertad empresarial para descolgarse o colgarse de convenios sectoriales y territoriales; 3ª, coste del despido por debajo de la media de la UE.

La importancia de la tecnología

La tecnología es fundamental para que la productividad y competitividad de nuestra economía puedan emular a las de nuestros competidores. Puesto que nuestro stock tecnológico está todavía por debajo del de los países líderes, es preceptivo impulsar su crecimiento con políticas favorables a la inversión en nuevas tecnologías, especialmente TIC, las que más favorecen la eficiencia de los procesos económicos.

En España conviven sectores con un nivel de equipamientos tecnológicos de “clase mundial” con otros escasamente equipados. Mientras que los segundos no alcancen a los primeros, la economía española caminará “a la pata coja”.

Entre las medidas a considerar, cabe señalar:

  • Un nuevo marco regulador para la inversión en redes de telecomunicaciones de nueva generación, que incentive su despliegue y convierta a España en líder europeo, algo que está a nuestro alcance. La nueva regulación debe amparar las máximas inversiones junto con la vertebración social y territorial de nuestro país.
  • La eliminación del papel y de la gestión presencial en los trámites con las AA.PP. Siendo España el principal país europeo por difusión del DNI digital y nuestras empresas líderes tecnológicos en la materia, “no tendríamos perdón” si no consiguiéramos ser pioneros y líderes mundiales en este ámbito.
  • Un ambicioso plan nacional de ahorro energético basado en las TIC, con el objetivo de liderar la UE en cinco años tanto en menor consumo como en innovación tecnológica.
  • Una política industrial que incentive la capitalización tecnológica de los sectores más retrasados.

La innovación: clave esencial de la competitividad

Un marco institucional adecuado y un nivel tecnológico equivalente al de nuestros competidores permite competir, pero con dificultades crecientes. Sólo innovando es posible competir sostenidamente.

He aquí un conjunto de propuestas, para extender y arraigar la innovación:

  • Es necesario y perentorio el aprovechamiento económico de las investigaciones académicas que tengan potencialidad comercial.  Para ello deben establecerse mecanismos que incentiven la explotación empresarial de las innovaciones científicas; por ejemplo, vinculando el progreso en la carrera académica y la remuneración de los investigadores con el éxito económico de sus hallazgos. Por supuesto que la compatibilidad de la carrera académica con la función empresarial debe ser total. Si España no resuelve esta absurda incompatibilidad, sus posibilidades innovadoras se verán seriamente menoscabadas, y por tanto nuestro futuro.
  • De poco vale tener buenas ideas y vocaciones empresariales si no existen recursos con que financiarlas. El mejor modo de afrontar esta carencia no es otro que el capital riesgo privado, ya que el público – CDTI, Innova, etc. – funciona razonablemente bien prestando dinero, pero es insuficientemente seguido por aquél. El remedio aquí es muy fácil: bastaría con que las inversiones en “nuevos proyectos tecnológicos innovadores” – certificados por una agencia pública, por ejemplo el CDTI – fuesen un gasto deducible en los impuestos de la renta – de personas físicas y sociedades – y las plusvalías estuviesen libres de impuestos. Para financiar este coste fiscal hay donde elegir; desgravación de la vivienda, subvenciones a sectores periclitados – minería, agricultura, etc. -, cooperación internacional, etc. Si se diera una avalancha inversora – que bienvenida sería – en capital riesgo, cabría ir reduciendo paulatinamente las facilidades fiscales originales.
  • El ICEX debería ser dotado de un fondo especial – obtenido de los cuantiosísimos recursos dedicados ahora a cooperación internacional – orientado a la promoción exterior de los productos y servicios de alto valor añadido “made in Spain”. La innovación tecnológica española sufre el lastre de proceder de un país que no ha estado catalogado hasta ahora como “país tecnológico avanzado”. Si España necesita volcarse al exterior, es decir, crecer hacia fuera, sólo puede hacerlo a través de actividades de alto valor añadido tecnológico que deben ser apoyadas mediante el cultivo sistemático de una nueva España tecnológica. Este asunto es tan importante que debiera implicar a todos los ministerios del Gobierno, allá donde actúen.
  • Verdaderos expertos en I+D+i debieran estar presentes en todas las instancias públicas decisorias en materia de innovación; su ausencia, por ahora, es lo normal. Además de una gestión pública experta, las agencias públicas debieran liberarse de burocracias innecesarias propias de otros tiempos ajenos a las TIC.
  • Establecimiento de mecanismos de reconocimiento social de los hechos y las personas innovadoras a través de los medios públicos de comunicación. Los “artistas” de cualquier géneros son más populares en España que los empresarios innovadores, mientras que los medios de comunicación públicos nada hacen por enmendar la situación. En tanto existan – algo muy cuestionable – su razón de ser debiera estar asociada precisamente, a la difusión de los éxitos tecnológicos y económicos de los innovadores, cuya emulación sería mucho más deseable que la de los personajes más populares de la TV de nuestro país.

Con la crisis definitiva de las concepciones holistas de la sociedad y la economía, solo nos queda actuar de acuerdo con la metodología, denominada por Karl Popper: “ingeniería fragmentaria”; es decir, tomar medidas sin parar aplicando el sistema de la prueba y el error para recuperar el tiempo perdido y avanzar hacia una próspera, integrada  y verdadera sociedad de la información y el conocimiento.  

PALABRAS CLAVE:

CRECIMIENTO, INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD INSTITUCIONAL, COMPETITIVIDAD, TECNOLOGÍA, DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Jesús Banegas Núñez

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Revista EL ECONOMISTA, Dir: Rafael Myro  20.12.11

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