Se ha extendido en la sociedad española como consecuencia de la crisis económica y sus secuelas una honda preocupación que afecta sobre todo a los jóvenes  que cabría expresar así: ¿estará condenada nuestra juventud a no ganar nunca más de mil euros al mes?, con las consecuencias que ello implica para independizarse, formar una familia, tener hijos, etc.

La crisis económica que todavía estamos padeciendo se ha caracterizado por vivir demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades y ello ha afectado en mayor o menor grado a todo el mundo: la última expansión económica vivida se debió en buena parte a la masiva emisión de dinero por parte de los bancos centrales  -por orden de los gobiernos de turno- muy por encima de la tasa de ahorro, todo un artificio financiero que ha terminado siendo “pan para hoy y hambre para mañana”.

Habiendo gastado más de lo ingresado previamente, las familias, las empresas y el Estado, ahora toca devolver los préstamos recibidos mientras que nuestros ingresos se ven mermados como consecuencia de la crisis: hemos pasado en pocos años de ver crecer nuestros ingresos y gastar por encima de ellos –contrayendo además deudas- a ingresar menos y encima tener que devolver los préstamos.  Estos datos son, por supuesto, agregados y contienen comportamientos y resultados muy dispares. Así hubo familias que aumentaron sus ahorros durante las crisis, mientras otras se endeudaban; hubo empresas que se expansionaron con deudas mientras que  otras  crecieron con recursos propios; y hubo países que aumentaron muchísimo sus deudas –España, por ejemplo- mientras que otros apenas lo hicieron –Suecia y Alemania- con las consabidas consecuencias para todos ellos.

España ha sido el país que más aumentó –junto con las economías “rescatadas”: Irlanda, Grecia y Portugal- su deuda respecto al PIB en el periodo 2007-2014 y el que va a necesitar un ajuste fiscal mayor para reducirla, según McKinsey Global Institute. También es el país que –junto con Italia- más años va a necesitar para recuperar su renta per cápita.

Como consecuencia de tan devastadora crisis –sólo superada por el periodo 1929-1952 que incluye la Guerra Civil- el empleo descendió más que nunca y la recuperación ha tardado en producirse, lo que ha conllevado a:

  • Una creciente desigualdad económica originada entre los que tienen trabajo y los que carecen de él.
  • Remuneraciones reales menores que en el reciente pasado, en el que los salarios crecieron –favoreciendo la crisis por la pérdida de competitividad en costes- por encima de nuestro nivel relativo de productividad.
  • El desánimo de mucha gente: que no encuentra trabajo y cuando lo logra sus condiciones y el salario no resultan satisfactorias.

Este estado de cosas se ve agravado en España por una generalizada actitud social que nos inclina al fatalismo, a confiar poco en nosotros mismos y atribuir al Estado responsabilidades sobre nuestra vida que no debe tener.

Podemos afirmar con toda rotundidad que no ha lugar a fatalismo alguno y que los jóvenes españoles no están condenados a ser “mileuristas” de por vida, siempre que se den tres condiciones que están a nuestro alcance:

  • Crecimiento económico sano –no endeudado-  y sostenido, es decir recurrente en el tiempo.
  • Incremento continuo de la productividad por hora trabajada
  • Abandono del fatalismo y una mayor autoconfianza social, sobre la base del ejercicio de la responsabilidad personal frente al Estado.

Después de casi una década perdida en materia de crecimiento económico, España ha recuperado el pulso de suerte que  la renta per cápita y el nivel de empleo se están felizmente recuperando. Todo indica que ello ha sido gracias a reformas: financiera, fiscal y laboral que habrán de continuar y ser profundizadas si se quiere mantener el buen ritmo emprendido.

En materia financiera, después de recuperar la financiación bancaria es la hora de poner en marcha un  nuevo mercado de capitales que ofrezca financiación permanente a las empresas y apalanque su crecimiento, además de acabar con la vergonzosa práctica del retraso en los pagos de las administraciones públicas y las grandes empresas que han de soportar las PYME.

En el ámbito fiscal, después de la gran subida de impuestos padecida con motivo de la  salida de la crisis que debe remitir para facilitar el crecimiento de la economía, ha llegado la hora de un verdadero cambio copernicano de la estructura impositiva. En España la fiscalidad empresarial –costes de la seguridad social + impuesto de sociedades- es quizás la más alta del mundo, junto con los impuestos al ahorro, mientras que los impuestos al consumo los más bajos. Es evidente que castigar fiscalmente a las empresas y el ahorro es justamente lo contrario que necesita la economía para desarrollar todo su potencial de crecimiento. Es perentorio por tanto reducir la imposición empresarial y del ahorro, dos factores determinantes del crecimiento de la economía y del empleo, a cambio de subir los impuestos indirectos.

El mercado laboral, tras el desbloqueo parcial de la negociación colectiva que ha facilitado la vida de las grandes empresas, debe dejar de estar intervenido sectorial y territorialmente para dejar que las empresas y sus trabajadores, sindicados o no, acuerden libremente sus condiciones de trabajo, y sobre todo liberar a las PYME y nuevas empresas de obligaciones impuestas por convenios firmados por las viejas grandes empresas que ponen trabas a la renovación de los tejidos productivos: esencia del crecimiento sostenible. La contratación a tiempo parcial ha demostrado, como es natural, una gran capacidad de reducir el desempleo, como se manifiesta en los países más ricos de Europa que disfrutan de muy elevadas tasas de empleo incluidos los de tiempo parcial.

Además de lo dicho, España necesita prescindir de normativas, prácticas administrativas y obstáculos al desarrollo de la función empresarial, entre los que cabe señalar:

  • Con la máxima seguridad jurídica, rapidez y coste muy bajo es posible crear una empresa en España; pero hacerla funcionar es costoso –hay que pagar una especie de multa inicial, el Impuesto de Actividades Económicas- y burocráticamente engorroso, lo que retrasa su operatividad.
  • Cerrar una empresa si fracasa –algo necesariamente normal- es casi imposible y si pasa por un juzgado entra en  un limbo legal insondable.
  • En el caso de tener éxito inicial, el crecimiento y consolidación de la empresa encuentra tantos obstáculos –políticas fiscal y laboral, normativas, etc ..- que hacen muy difícil que alcance un tamaño, al menos,  mediano.
  • Un mercado nacional cada vez mas fragmentado por las autonomías limita la expansión empresarial.
  • España lidera el retraso de los pagos en la UE, que han de sufragar las PYME para beneficio de las grandes.
  • La valoración social del error es muy negativa en España, como si fuera posible acertar siempre y no se aprendiera de los fallos para seguir adelante con éxito; lo que frena muchas posibles iniciativas empresariales.
  • Las vocaciones emprendedoras se encuentran lastradas en España por una cultura social de dependencia del Estado frente al ejercicio de la responsabilidad personal.

En las circunstancias actuales, si se llevan a cabo las nuevas  reformas descritas y se remueven los obstáculos a la función empresarial que se acaban de reseñar, las posibilidades de seguir disfrutando de elevadas y recurrentes tasas de crecimiento económico y del empleo estarían a nuestro alcance, así como aumentar los salarios al ritmo de las ganancias de productividad de la economía, venciendo así el “mileurismo”.

Pero la manera más segura de acabar con el “mileurismo” y generar esperanzas ciertas de un futuro cada vez mejor para nuestros jóvenes pasa por una necesaria y progresiva metamorfosis de nuestra economía que debe ir transformando quehaceres económicos rutinarios que exigen poca formación y que por tanto tiene poco valor y pagan bajos salarios, por otros más creativos e innovadores  que requieren altas cualificaciones profesionales, son muy valorados en los mercados y posibilitan el pago de mejores salarios.

La alternativa populista para acabar con el “mileurismo”: subir el salario mínimo, encorsetar sindicalmente la función empresarial, elevar los impuestos al ahorro y la renta y bajar el IVA, etc… perpetuaría –agravándola- para siempre la situación actual.

Pero además de las medidas propuestas, los “mileuritas” también deben responsabilizarse de si mismos: aceptando cualquier trabajo hasta que encuentren otro mejor, mejorando permanentemente su preparación profesional con cursos de formación e idiomas y estando dispuestos a cambiar de lugar de trabajo para poder prosperar sin fin.

El Estado debe hacer sus deberes: removiendo obstáculos a la función empresarial y gobernando para la mayoría (no a favor de si mismo ni de los lobbies y minorías extractivas)  pero los “mileuristas” deben abandonar las peregrinas ideas de dependencia del Estado que propagan los populistas y hacerse cargo, bajo su responsabilidad individual, de su propio destino.

Jesús Banegas

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VOZPÓPULI   15.01.2016

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